Uno de los fenómenos más trascendentes de los últimos años es la inseguridad ciudadana que se constituye en un problema social en las ciudades. El incremento de la criminalidad, además de la incapacidad estatal se traduce en una mayor acentuación de la sensación de inseguridad en los ciudadanos, sumado a la desconfianza ciudadana hacia el sistema penal. Esto ha conducido a una situación permanente de pérdida de legitimidad y autoridad de las instituciones estatales encargadas de prevenir y reprimir los actos delincuenciales. Lo que ha llevado a que los vecinos busquen su seguridad por medios propios al margen de la institucionalidad estatal, implementando mecanismos locales de autoprotección y/o prevención. Los vecinos de barrios despliegan formas de prevención delegando su seguridad a terceros a través de la compra de servicios de seguridad privada e implementando formas de gerencia local. Asimismo, ambas estrategias se complementan con otros mecanismos de prevención. El trabajo de la seguridad privada también presenta falencias en el servicio de vigilancia como incumplimiento de horarios de los vigilantes, o poca profesionalidad de estos. En la actualidad, la seguridad ciudadana se presenta cada vez como una responsabilidad colectiva y/o individual. Independientemente de los mecanismos de prevención, las familias emplean otras formas paralelas de autoprotección individual que están directamente relacionadas con las características socioculturales y económicas de la población que generalmente las combina de manera particular para reducir al “máximo el riesgo” para evitar que sus bienes patrimoniales sean objeto de robo.